La irrupción del COVID-19 supuso un shock histórico sobre la economía global que afectó la actividad, el empleo, los ingresos y la incidencia de la pobreza. En este contexto, los gobiernos han impulsado distintos planes de respuesta y recuperación económica, siendo la inversión en infraestructura una opción que permite al mismo tiempo aumentar el empleo en el corto plazo y mejorar las capacidades productivas del país en el mediano y largo plazo. En esta nota técnica se analiza el uso en el mundo de la inversión en infraestructura como medida de recuperación económica post-pandemia.
Un análisis de la información relevada por el Observatorio Global de Recuperación1 de la Universidad de Oxford, que registra las medidas fiscales implementadas por 87 países, deja en evidencia que el gasto global en respuesta a la crisis por la pandemia del COVID-19 asciende a unos USD 19,7 trillones (en términos sajones), equivalente al 21% del PIB global 2020. Se estima que 3/4 partes de este esfuerzo se destinó a políticas de rescate como inyecciones de liquidez, transferencias sociales, protección de empleo y alivio tributario.
Un total de 62 países entre los 87 analizados aprobaron algún programa de inversión en infraestructura. Las medidas de respuesta canalizadas vía inversión en infraestructura ascendieron a USD 0,54 trillones, un esfuerzo equivalente al 0,6% del PIB global 2020. Si se analizan exclusivamente los países que realizaron inversiones, el esfuerzo promedio en infraestructura asciende a 1% del PIB, destacándose un grupo de 10 países con esfuerzos en infraestructura superior al 2% del PIB. Un análisis por tipo de proyectos deja en evidencia la importancia creciente de políticas alineadas con un desarrollo sostenible: los programas en inversiones verdes explican casi un tercio de la inversión en infraestructuras, con algunos casos extremos como Dinamarca o Israel donde las inversiones verdes explican el 100% de las inversiones en infraestructura.